Las autoridades universitarias han estado negociando en privado con un adjunto del principal asesor de Trump, Stephen Miller, con la esperanza de evitar la misma persecución agresiva que está sufriendo la Universidad de Harvard, según una fuente familiarizada con el asunto, mientras el Gobierno busca intensificar sus ataques contra la institución de la Ivy League y otras más.
Las autoridades de la educación superior, que han mantenido conversaciones detalladas con May Mailman, estratega política de la Casa Blanca en las últimas semanas, se preguntan qué señales deben enviar para mantenerse fuera del punto de mira del Gobierno, añadió la fuente. Mailman colabora estrechamente con Miller, artífice de la estrategia de la istración con respecto a las universidades, puntualmente en relación a que no estén controlando adecuadamente el presunto antisemitismo en sus campus.
A su vez, un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el Gobierno transmitió a los líderes que “el dinero simplemente no puede fluir ni fluirá sin cesar como lo ha hecho hasta ahora, y que las universidades son incubadoras de discriminación y el contribuyente no puede apoyar eso”. Estas conversaciones surgen mientras el Gobierno investiga a docenas de otras universidades y algunos directivos universitarios viajan a Washington.
La Casa Blanca busca llegar a un acuerdo con otra universidad de alto perfil, según la primera fuente, que está involucrada en las negociaciones entre la educación superior y el Gobierno.
“Quieren que una universidad de renombre llegue a un acuerdo como el que hicieron los bufetes de abogados, que abarque no solo el antisemitismo y las protestas, sino también la DEI (iniciativas relacionadas a la Diversidad, Equidad e Inclusión) y la diversidad intelectual”, dijo esta persona.
“Quieren que Trump pueda alzar la voz y decir que llegó a un acuerdo con tal o cual: una universidad de la Ivy League, alguna universidad de renombre que les dé cobertura para poder decir: ‘No queremos destruir la educación superior’”.
Al preguntarle si alguna de las universidades está dispuesta a llegar a un acuerdo de este tipo, la fuente respondió: “Nadie quiere ser el primero, pero las presiones financieras son cada vez más fuertes”.
Muchas instituciones educativas ya han experimentado recortes significativos en su financiamiento federal, y existe una creciente incertidumbre sobre el futuro de las visas para estudiantes internacionales, quienes tienen más probabilidades de pagar la matrícula completa en comparación con sus homólogos estadounidenses.
Las conversaciones, según la fuente, continúan.
“El presidente siempre está dispuesto a llegar a un acuerdo que beneficie a Estados Unidos, y esto ha sido así para cualquier institución de educación superior dispuesta a trabajar con sentido común, dejar de violar la ley y comprometerse a restaurar los derechos civiles y el orden en sus campus”, declaró el funcionario de la Casa Blanca.
Y añadió: “El Gobierno solo está dispuesto a trabajar con entidades que operen de buena fe y no se limiten a hablar sin acciones tangibles. Muchas instituciones quieren llegar a un acuerdo, y el presidente está dispuesto a trabajar con ellas”.
Las autoridades de otras instituciones esperan que la Casa Blanca desvíe su atención de Harvard. Un miembro de la junta directiva de una importante universidad en la mira del grupo de trabajo, a quien se le concedió el anonimato para hablar libremente, describió las comunicaciones como “irregulares”, pero afirmó que el grupo ha hecho repetidos intentos para que directivos de la universidad viajen a Washington para una reunión.
“Hay muy poco entusiasmo al respecto”, declaró el miembro de la junta. “No tenemos ningún interés en ser su ‘universidad modelo’ ni nada por el estilo”.
Añadió: “En este momento, nos sentimos muy cómodos con las medidas que hemos tomado y no tenemos ninguna necesidad de enfrentarnos al Gobierno, en sí, a menos que decidan interferir con nuestros valores fundamentales. Cuando llegue el momento, estaremos listos para luchar contra ellos. Pero eso no significa que debamos provocarlos”.
Algunas universidades en todo el país han contratado consultores y expertos políticos para responder a algunas de las exigencias del Gobierno, mientras que Harvard ha lanzado una agresiva estrategia legal y está organizando sus redes de exalumnos.
Los ataques a Harvard comenzaron incluso antes de que el presidente Donald Trump regresara a la presidencia. Sus aliados argumentaban que estaban tomando medidas enérgicas contra el antisemitismo en el campus en medio de la guerra entre Israel y Hamas. Sin embargo, las acciones del Gobierno responden a una agenda más amplia: generar un importante conflicto sobre la libertad académica, el financiamiento federal y la supervisión del campus, y la creencia dentro de la Casa Blanca de que se trata de un tema político en el que Trump sale ganando.
La ofensiva está liderada por el Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo, un grupo interinstitucional que se reúne al menos una vez por semana, según el funcionario de la Casa Blanca, y mantiene una comunicación regular sobre dónde centrar su atención. Al frente está Leo Terrell, expresentador de Fox News y abogado de derechos civiles, convertido en alto funcionario del Departamento de Justicia. Miller y Mailman también son impulsores de la toma de decisiones, según las fuentes.
Los próximos objetivos del Gobierno
El Gobierno se ha mostrado satisfecho con las medidas adoptadas por algunas universidades, e incluso elogió a algunos de sus objetivos iniciales por cumplir con las demandas, sobre todo en relación con el desmantelamiento de los programas de diversidad, equidad e inclusión y la represión de las protestas en los campus.
Las próximas universidades a las que el Gobierno podría apuntar parecen ser un objetivo en constante movimiento.
Sin embargo, Terrell sugirió esta semana que se avecinan “demandas generalizadas” que apuntarían al sistema de la Universidad de California, entre otros.
“Esperen demandas masivas contra el University of California System… En la costa este, en la costa oeste, en el medio oeste, esperen cargos por delitos de odio presentados por el Gobierno federal. Esperen demandas del Título VII contra aquellas personas que no están siendo protegidas simplemente por ser judías”, declaró a Fox News.
Al ser consultada sobre las amenazas de Terrell, Rachel Zaentz, portavoz de la Universidad de California, afirmó que el sistema educativo está cooperando con el Gobierno de Trump.
“La Universidad de California aborrece el antisemitismo y trabaja diligentemente para abordarlo, contrarrestarlo y erradicarlo en todas sus formas en todo el sistema. Hemos estado cooperando con el Gobierno y planeamos seguir haciéndolo. El antisemitismo no tiene cabida en la UC ni en ningún otro sector de la sociedad. La Universidad sigue totalmente centrada en fortalecer sus programas y políticas para erradicar el antisemitismo y todas las formas de discriminación”, declaró Zaentz.
El funcionario de la Casa Blanca declaró a CNN el mes pasado que el grupo de trabajo estaba manteniendo conversaciones con Harvard y Columbia, así como con la Universidad Northwestern, la Universidad de Cornell y la Universidad de Michigan.
Un comunicado de prensa de febrero del Departamento de Justicia también identificó a la Universidad George Washington; la Universidad Johns Hopkins; la Universidad de Nueva York; la Universidad de California, Berkeley; la Universidad de Minnesota; y la Universidad del Sur de California como “campus que han experimentado incidentes de antisemitismo desde octubre de 2023” que el grupo de trabajo planeaba visitar.
Los líderes universitarios han estado visitando Washington para reunirse con funcionarios del Gobierno, por lo que no ha sido necesario que visiten los campus, según un alto funcionario.
CNN se ha puesto en o con cada una de las universidades mencionadas por el Gobierno de Trump para solicitarle comentarios al respecto. Tanto la Universidad del Sur de California como la Universidad de Minnesota denunciaron el antisemitismo y afirmaron que colaborarán con el grupo de trabajo en las iniciativas para combatirlo.
Al ser consultado sobre cómo está tomando decisiones sobre el financiamiento de Harvard y otras universidades el grupo de trabajo, el funcionario de la Casa Blanca afirmó que sus investigaciones suelen comenzar con quejas.
“La agencia o departamento pertinente llevará a cabo una investigación sobre las violaciones a la ley federal, ya sean Título IV, Título IX, Título VI, Título XI o Título XII, y, con base en esas investigaciones, se puede tomar una acción inmediata para suspender la financiación y esperar la resolución de la investigación o, en casos más flagrantes, como el de Harvard, podría simplemente procederse a una retirada generalizada de todos los fondos federales debido a su falta de cooperación en una investigación o a su flagrante indiferencia ante sus violaciones a la ley federal y su renuencia a cambiar las políticas”, declaró el funcionario.
Y el alto funcionario indicó esta semana que cualquier universidad con una investigación abierta en virtud del Título VI podría estar sujeta a medidas gubernamentales. El Título VI forma parte de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en programas o actividades que reciben financiación federal. Hasta el miércoles, más de 70 universidades estaban bajo investigación activa en virtud del Título VI, según un análisis de CNN de datos proporcionados por el Departamento de Educación. La gran mayoría de estas investigaciones se iniciaron durante el gobierno de Biden.
Una batalla abierta contra Harvard
Aunque analiza la situación de otras universidades, el Gobierno no ha perdido de vista a Harvard, con la que mantiene múltiples batallas legales.
La istración también ha iniciado una investigación sobre sus fuentes de financiamiento extranjero a través de una disposición de la Ley de Educación Superior que exige la declaración de donaciones y contratos extranjeros, denominada Sección 117. Una investigación previa sobre Harvard, basada en la Sección 117, fue cerrada recientemente.
“Como práctica habitual, Harvard ha presentado informes de la Sección 117 durante décadas como parte de su cumplimiento continuo con la ley. Como es obligatorio, los informes de Harvard incluyen información sobre donaciones y contratos de fuentes extranjeras que superan los US$ 250.000 anuales. Esto incluye contratos para impartir formación ejecutiva, otras formaciones y publicaciones académicas”, declaró Jason Newton, portavoz de la Universidad de Harvard, en un comunicado, señalando que los informes de Harvard reflejan “diversas fuentes” de apoyo a la universidad.
Una disposición fiscal en el “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump, aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada pero aún pendiente de aprobación en el Senado, podría tener un impacto significativo en Harvard y otras instituciones con grandes dotaciones. En su forma actual, implementaría un nuevo “sistema escalonado” de impuestos sobre los ingresos por inversiones de universidades privadas. El impuesto a las dotaciones es actualmente una tasa fija del 1,4 %, pero podría llegar al 21 % para instituciones como Harvard con grandes dotaciones.
El gobierno cree que contará con apoyo político para esto, y la secretaria de Educación, Linda McMahon, declaró a Fox News el miércoles: “Es algo que el público estadounidense podría comprender”.
¿Cuánto durará esto?
Los portavoces del gobierno de Trump han ofrecido señales contradictorias sobre el proceso.
La fuente familiarizada con el asunto cuestionó la disposición a avanzar a un ritmo acelerado.
“Si vas detrás de Harvard, ¿con cuánta fuerza puedes seguir insistiendo? Las universidades están siendo manoseadas durante semanas y semanas. Supongo que, en algún momento, la Casa Blanca perderá interés. Una vez que derriben Harvard, ¿adónde irán? ¿A Emory? Son tan conscientes de las marcas como cualquiera”, dijo la fuente.
En última instancia, añadió la fuente, el mercado manda: “¿Qué va a pasar con Harvard o Columbia? Récord de solicitantes, récord de rendimiento. Apuesto a que si hablaras con votantes de MAGA en Charlotte Country Day School o en las escuelas Westminster, puede que hayan votado por Trump, pero ¿se están alejando de la Ivy League? ¡Ni hablar! Las universidades están teniendo una demanda récord”.
Mientras tanto, McMahon ha sugerido que aún hay esperanza de negociar con Harvard, con quien, según afirmó un alto funcionario, el Gobierno no está actualmente en conversaciones. “Realmente esperamos volver a la mesa de negociaciones, a hablar sobre lo que beneficia a Harvard y a los estudiantes del campus”, dijo McMahon.
Pero Terrell ha adoptado un tono diferente.
“Vamos a perseguirlos donde los afecte económicamente, y hay muchas maneras —espero que sepan leer entre líneas— de perjudicarlos económicamente”, advirtió en Fox News.
Al consultarle cuándo terminaría, Terrell respondió: “No podemos especular. Tenemos que doblegar a estas universidades”.