Los Gobiernos de Guatemala y Colombia rechazaron el pedido de detención de exintegrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y otros exfuncionarios, informó el lunes el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Guatemala, Rafael Curruchiche.
El Gobierno de Guatemala rechazó mediante un comunicado la solicitud de detención en contra del embajador colombiano Iván Velásquez Gómez, el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.
El escrito, difundido en X, señaló las órdenes de captura como medidas que “carecen de sustento legal” y aseguró que los gobiernos de Guatemala y Colombia están en o para hacer las aclaraciones correspondientes.
Por su parte, la Cancillería de Colombia también rechazó la emisión de órdenes de captura por parte de la fiscalía de Guatemala contra Velásquez Gómez y Camargo, y señaló la medida como “un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”. El escrito aseguró además que se han activado los canales diplomáticos correspondientes.
CNN ha consultado a la fiscalía de Guatemala sobre estas declaraciones y está a la espera de una respuesta.
El pedido de la fiscalía de Guatemala
La Feci presentó los cargos por su presunta participación en delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión relacionados con una estructura que supuestamente benefició a empresarios de la constructora Odebrecht.
“Se ha emitido una orden judicial para alertar a Interpol a fin de que estas personas puedan ser aprehendidas en cualquier país”, dijo Curruchiche en un video publicado en la cuenta de X del Ministerio Público de Guatemala.
Velásquez respondió en X, calificando de “corruptos” a la fiscal general Consuelo Porras y a Curruchiche. Velásquez, exministro de Defensa de Colombia y actual embajador en el Vaticano, señaló que ambos están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea como actores corruptos. “Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la Fiscalía ha obligado a huir al exilio”, agregó.
La Cicig fue creada mediante un acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala y comenzó a operar en 2007 con la misión de combatir la impunidad. La comisión fue presidida por Iván Velásquez y contó con la participación de Camargo. En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales puso fin al acuerdo tras acusar a la Cicig de acciones ilegales y violaciones a los derechos humanos.
El proceso penal en Guatemala también incluye a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Feci. Sandoval, quien abandonó Guatemala tras ser destituido de su cargo en julio de 2021, se pronunció en X.
“En Guatemala reinventaron el Código Procesal Penal: ahora las salas de apelaciones emiten órdenes de captura. ¿La legalidad? Un detalle menor. La orden contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo es un monumento a la arbitrariedad judicial”, escribió.
Los cargos incluyen a otras siete personas que, según Curruchiche, colaboraron en una estructura liderada por Velásquez para defraudar al Estado de Guatemala.
Odebrecht es el mayor escándalo de corrupción global de la historia moderna, que se extendió por cuatro continentes, salpicó a presidentes e involucró a 12 países. Con sede en Brasil, la mayor constructora de América Latina distribuyó, según las investigaciones, casi US$800 millones en sobornos a individuos entre 2001 y 2016.
Fiscalía de Guatemala responde a críticas
Ante el rechazo de los Gobiernos de Guatemala y de Colombia al pedido de detención de exintegrantes de la CICIG y otros exfuncionarios, el Ministerio Público de Guatemala aseguró que sus acciones están sustentadas en el marco legal vigente y su función es que la misma se cumpla.
A través de su unidad de prensa, el Ministerio Público dijo en respuesta a una consulta de CNN que “el rechazo que algunos sectores expresan hacia estas actuaciones legales no es una crítica legítima, sino un intento evidente por obstruir investigaciones que podrían afectar intereses particulares”, sin especificar a qué procesos se refiere. También aseguró que las acciones del Ministerio “cuentan con la validación de un órgano jurisdiccional competente”.
El Gobierno de Guatemala había dicho que las medidas “carecen de sustento legal”, mientras que la Cancillería de Colombia señaló que constituyen “un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, anunció el lunes la solicitud de detención de varios exfuncionarios de la Cicig por su presunta participación en delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión relacionados con una estructura que supuestamente benefició a empresarios de la constructora Odebrecht. El caso Odebrecht expuso una red de sobornos a cambio de contratos públicos en varios países.
Con información de Merlin Delcid.