La istración Trump regresó a la Corte Suprema este lunes para pedir a los jueces que revoquen una orden de un tribunal inferior que ha bloqueado despidos masivos y reorganizaciones importantes en agencias federales, un caso que podría tener enormes implicaciones para el poder del presidente para remodelar el Gobierno federal.
La última apelación de emergencia que involucra el segundo mandato del presidente Donald Trump que llegó a la Corte Suprema siguió a una orden de la semana pasada del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE. UU. que mantuvo en suspenso los planes de Trump para los despidos generalizados, conocidos como reducciones de fuerza o RIF.
“Controlar al personal de las agencias federales es la esencia misma de la autoridad presidencial”, declaró el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, ante la Corte Suprema en la apelación. “La Constitución no establece una presunción contra el control presidencial de la dotación de personal de las agencias, y el presidente no necesita una autorización especial del Congreso para ejercer” sus principales poderes constitucionales.
La demanda fue presentada por más de una decena de sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales, que la presentan como el mayor desafío legal contra el esfuerzo de la istración Trump por reducir la plantilla federal. Un alto funcionario de la istración declaró a CNN el mes pasado que está siguiendo de cerca el caso debido a su importancia para permitir a Trump reducir el tamaño y reestructurar el Gobierno federal.
Trump había pedido a la Corte Suprema que interviniera en el caso una vez anteriormente, pero el Departamento de Justicia retiró la apelación días después cuando un tribunal de distrito federal emitió una orden más estricta que impedía a Trump proceder.
En su opinión 2-1 que rechaza la solicitud de Trump de pausar esa orden del tribunal de distrito, el del 9º Circuito dijo que el decreto de Trump en cuestión “excede con creces los poderes de supervisión del presidente bajo la Constitución”.
La mayoría concluyó que era probable que los demandantes tuvieran éxito en cuanto a los méritos de sus argumentos de que los despidos masivos eran ilegales.
El caso se deriva de un decreto, firmado por Trump a mediados de febrero, que dio inicio al proceso de despido masivo de empleados federales. Las agencias, que colaboran con el Departamento de Eficiencia Gubernamental para cumplir con el mandato, debían presentar planes de reorganización ante la istración a principios de este año. Sin embargo, los sindicatos se han quejado de que no se han compartido los detalles de dichos planes.
Ya se han despedido o se han visto afectados por despidos al menos 121.000 empleados federales desde que Trump asumió el cargo, según un análisis de CNN. La cifra no incluye a los que se encuentran en licencia istrativa ni a los que se acogieron a indemnizaciones voluntarias.
La orden cubre importantes reducciones en más de una decena de agencias, incluidos los departamentos de Agricultura, Comercio, Energía, Trabajo, Tesoro, Estado, Salud y Servicios Humanos, Asuntos de Veteranos y la Agencia de Protección Ambiental.
Tierney Sneed y Paula Reid, de CNN, contribuyeron a este informe.