Más de una década después de que 43 estudiantes de una escuela rural en Ayotzinapa desaparecieran, un nuevo arresto ha generado un nuevo escrutinio y reabierto viejas heridas. El jueves, las autoridades mexicanas detuvieron a la ahora retirada jueza Lambertina Galeana Marín, de 79 años, por pruebas faltantes en el caso.
El arresto está relacionado con la “desaparición de grabaciones de cámaras” colocadas en el Palacio de Justicia en Iguala, en el estado de Guerrero, donde los estudiantes fueron vistos por última vez.
Marín se desempeñaba como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero en el momento del caso. Se emitieron órdenes de arresto en agosto de 2022 para comandantes militares, agentes de policía y “cinco autoridades istrativas y judiciales del estado de Guerrero”, aunque en ese momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no identificó a las personas supuestamente involucradas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre el arresto de Marín en su conferencia de prensa del viernes por la mañana. Dijo que la oficina del fiscal especial está investigando por qué se borraron los videos relacionados con el caso, un tema que, señaló, las familias de los desaparecidos en 2014 han estado planteando durante mucho tiempo.
Sheinbaum sucedió a Andrés Manuel López Obrador en 2024, quien dejó la presidencia sin cumplir una promesa clave de descubrir la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
El caso de los estudiantes desaparecidos ha cautivado a México durante mucho tiempo. Los estudiantes, todos hombres del Colegio Rural de Maestros de Ayotzinapa, viajaban por la ciudad suroccidental de Iguala el 26 de septiembre de 2014 cuando su autobús fue detenido por la policía local y las fuerzas militares. Exactamente lo que ocurrió después de esa interacción aún se desconoce, pero las fotos de la escena muestran un autobús acribillado a balazos.
Un informe gubernamental de 2022 concluyó que los estudiantes desaparecidos fueron víctimas de un “crimen patrocinado por el Estado”. En 2023, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México encontró que las Fuerzas Armadas de México no proporcionaron toda la información solicitada por un independiente que investigaba la desaparición. Ese mismo año, los expertos de ese que investigaban el caso renunciaron, citando “falta de información”, “secretismo” y “pruebas ocultas” en torno a sus esfuerzos de investigación.
Para las familias en duelo, el arresto refuerza las sospechas de un posible encubrimiento relacionado con las desapariciones de 2014. Felipe de la Cruz, uno de los padres de Ayotzinapa y portavoz del grupo de padres de los desaparecidos, dijo a CNN el jueves que un “pacto de silencio sigue reinando” en la zona.
“Para nosotros, es muy importante que, ante todo, la investigación continúe y que se siga trabajando”, agregó de la Cruz.