La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes impedir que el presidente Donald Trump avance con las deportaciones de un grupo de inmigrantes en el norte de Texas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La medida les da la razón a un grupo de venezolanos en Texas que estaba a punto de ser expulsados del país bajo la amplia autoridad de tiempos de guerra.
Los jueces devolvieron el caso a un tribunal de apelaciones para que decida sobre las cuestiones subyacentes del asunto, incluidas la legalidad o no del movimiento del presidente y la anticipación con la que debería informarse a los migrantes afectados.
La decisión de la Corte Suprema representa una derrota significativa para Trump, quien quiere usar la ley para acelerar las deportaciones y evitar las revisiones normalmente requeridas antes de la expulsión de personas del país.
Sin embargo, se trata de una medida temporal y la batalla legal sobre la invocación del presidente ha continuado en simultáneo en distintos tribunales federales de todo el país.
Dos jueces conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito, señalaron públicamente su disidencia.
La opinión no firmada de la corte fue notablemente crítica con la manera en la que el Gobierno intenta manejar las deportaciones y también con el modo con el que el juez de distrito de EE.UU., James Hendrix, trató el caso en una etapa anterior.
La corte hizo referencia a otro caso que le llegó previamente, el del inmigrante Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error a El Salvador. La corte señaló que el Gobierno de Trump ha demostrado que es “incapaz de proporcionar el regreso de un individuo deportado por error a una prisión en El Salvador”.
Ante esto, la corte dijo que “los intereses de los detenidos en juego son, por lo tanto, particularmente importantes”. En otras palabras, la corte subraya la importancia de resolver de forma correcta las cuestiones legales antes de que las personas sean deportadas, potencialmente, para siempre.
La corte agregó que la forma en que el Gobierno de Trump maneja las deportaciones “no pasa la prueba”. Específicamente, los jueces señalaron un aviso de solo 24 horas que estaba “desprovisto de información sobre cómo ejercer los derechos de debido proceso para impugnar esa deportación”.
La Corte Suprema devolvió el caso al Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU., con sede en Nueva Orleans, para una revisión adicional, diciendo en su orden que el tribunal de apelaciones se equivocó al desestimar la apelación de los detenidos.
“La decisión de hoy extiende efectivamente la congelación temporal que los jueces impusieron a las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros del Distrito Norte de Texas el 19 de abril”, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor en la Facultad de Derecho de Georgetown. “Debido a que los tribunales inferiores han bloqueado el uso de la ley en todos los demás distritos en los que el presidente ha intentado invocarla, eso significa que está pausando efectivamente todas las deportaciones bajo la ley hasta que el 5º Circuito y, presumiblemente, la propia Corte Suprema, resuelvan de manera concluyente si son legales y cuánto proceso se debe si es así”.
La corte también pareció criticar cómo Hendrix, a quien Trump designó para el tribunal en su primer mandato, había manejado el caso. Hendrix se negó a detener las deportaciones y argumentó en su opinión que la ACLU estaba intentando presionar al tribunal de distrito para que actuara.
“Aquí, la inacción del Tribunal de Distrito, no durante 42 minutos, sino durante 14 horas y 28 minutos, tuvo el efecto práctico de rechazar una orden judicial a los detenidos que enfrentan una amenaza inminente de daño grave e irreparable,” escribió la corte.
Alito, en un disenso de 14 páginas al que se unió Thomas, dijo que la corte superior había intervenido incorrectamente en este momento y la criticó por decirle al tribunal de apelaciones cómo manejar el caso antes de que fuera manejado por completo por el tribunal de distrito.
La corte, escribió, “ha abierto un nuevo camino. Ha sacado un caso de un tribunal de distrito y decidido cuestiones importantes en primera instancia. A mis ojos, eso se parece demasiado a una expansión de nuestra jurisdicción original.”
Alito inicialmente manifestó su disenso cuando la corte emitió por primera vez un alivio provisional a los inmigrantes el mes pasado.
El juez Brett Kavanaugh, en una breve concurrencia, dijo que estaba de acuerdo con la decisión de la corte, pero que habría tomado el caso en su totalidad ahora.
“Las circunstancias requieren una resolución rápida y definitiva, que probablemente solo pueda ser proporcionada por esta Corte”, escribió. “Más bien, consistente con la solicitud de expedición del poder ejecutivo, y como los propios detenidos instan, otorgaría certiorari, ordenaría una pronta presentación de informes, celebraría una audiencia oral poco después y luego resolvería las cuestiones legales”.
Los comentarios de Kavanaugh llegan un día después de que la corte superior se enfrentara a si debía considerar los méritos de otra de las controvertidas políticas de inmigración de Trump: su intento de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, que solo había llegado ante ella de manera urgente.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Este viernes, después de la decisión judicial, Trump afirmó en una publicación en redes sociales que la Corte Suprema “no nos permite sacar a los criminales de nuestro país”.
Los tribunales inferiores luchan con cuestiones legales clave
La decisión se produjo mientras los tribunales inferiores de todo el país lidian con la implementación de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, como resultado de una orden anterior de la Corte Suprema que requería que los casos se presentaran en tribunales de distrito separados en lugar de a nivel nacional. Los tribunales federales en Texas, Nevada, Colorado y otros estados han emitido órdenes que bloquean el uso de la ley por parte del Gobierno, al menos en el corto plazo, mientras los jueces consideran una serie de demandas que han surgido de los migrantes en la mira.
Varios tribunales también han emitido órdenes más permanentes contra el uso de la ley, y un juez designado por Trump en el sur de Texas dictaminó el 2 de mayo que el presidente había invocado ilegalmente la Ley de Enemigos Extranjeros.
Cumpliendo con una promesa de campaña, Trump invocó la ley a mediados de marzo como una forma de acelerar la deportación de presuntos de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Quizás anticipando el litigio inminente, el Gobierno se movió rápidamente para enviar a cientos de venezolanos en aviones con destino a El Salvador, donde permanecen hasta hoy.
Después que los tribunales inferiores bloquearan temporalmente las deportaciones adicionales planeadas por la Casa Blanca, el Gobierno de Trump apeló a la Corte Suprema a fines de marzo, citando “operaciones sensibles de seguridad nacional”, pidiendo reanudar las deportaciones. En una orden oscura y no firmada del 7 de abril, la Corte Suprema le permitió técnicamente a Trump que continuara usando la ley, y bloqueó un camino legal que los grupos de derechos civiles estaban intentando usar para impugnar la invocación de la ley por parte de Trump para que pudieran cerrar su uso por completo.
Pero la corte también dictaminó que los inmigrantes sujetos a deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros tienen derecho a un aviso y una oportunidad de impugnar su deportación a través de peticiones de habeas corpus federales, demandas presentadas por personas que afirman que están siendo detenidas ilegalmente por el Gobierno, lo que marca una victoria parcial para los migrantes.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los inmigrantes, presentó una serie de demandas de habeas corpus buscando proteger a los inmigrantes identificados, así como a los venezolanos “en situación similar” que potencialmente podrían ser objetivo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Varios tribunales inferiores, incluidos uno en Nueva York y otro en Texas, emitieron nuevas órdenes temporales que bloquean al Gobierno la posibilidad de deportar personas bajo esa ley, mientras considera los casos.
Es importante destacar que esas órdenes solo cubrían las regiones geográficas sobre las cuales los tribunales federales específicos tenían jurisdicción.
A mediados de abril, grupos de derechos de los inmigrantes dijeron que varios detenidos venezolanos en el norte de Texas no cubiertos por esas órdenes previas comenzaron a recibir avisos del Gobierno de que estaban sujetos a deportación bajo la ley. A algunos de esos inmigrantes, detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas, se les dijo que podrían ser removidos en menos de 24 horas.
Esos avisos “no pueden, de ninguna manera, decirse que cumplen con la orden de esta corte de que el aviso debe ser suficiente para permitir a las personas realmente buscar una revisión de habeas”, dijo la Unión Americana de Libertades Civiles en un escrito.
Dos inmigrantes presentaron una petición de habeas en un tribunal de distrito federal en Abilene, Texas, buscando una orden temporal que bloquee su deportación y la remoción de personas “en situación similar” detenidas en Bluebonnet. Hendrix negó la solicitud para los dos migrantes, señalando que el Gobierno había “respondido inequívocamente” que no tenía la intención de removerlos, por lo que no estaban en riesgo inmediato de deportación.
El tema de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros luego regresó a la Corte Suprema. En una orden de la madrugada del 19 de abril, una mayoría de jueces bloqueó temporalmente la intención del Gobierno de Trump de deportar a cualquiera de los venezolanos en Texas que potencialmente podrían ser objetivos bajo la ley, para poder examinar el caso más de cerca.
Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.