Las remesas que los inmigrantes que residen en Estados Unidos envían a sus hogares suelen ser el sustento económico principal de las familias, especialmente las de ingresos medios y bajos, que aún residen en los países de origen. Planes legislativos impulsado por republicanos en Estados Unidos buscarían aplicar impuestos a las remesas, una medida que podría tener consecuencias para millones de familias. Además, podría terminar incentivando la inmigración indocumentada, advierten expertos.
Los republicanos presentaron el proyecto legislativo “Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, que incluye un impuesto del 5% para todas las transferencias de fondos hechas por inmigrantes, reportan medios. El plan aplica para quienes residan de manera ilegal, tengan visa de trabajo, estén amparados con cualquier beneficio migratorio o posean una green card. Los ciudadanos estadounidenses no se verán perjudicados, según los reportes.
También se prevé que la Cámara de Representantes discuta el proyecto de ley “Inversión en Seguridad Fronteriza”, que plantea aplicar un impuesto del 37 % a las remesas que tengan como destino alguno de cinco países con mayor número de ciudadanos que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. Si se implementara esta medida, afectaría a más de 40 millones de personas.
Más impuestos causarían “un efecto contrario”
“La aprobación de un pequeño impuesto a las remesas así sea de solo el 5 % abre la puerta para que más adelante este gravamen suba aún más”, le advirtió el director de la Coalición de los Derechos Plenos para los Inmigrantes, Juan José Gutiérrez a EFE.
Además, Trump informó recientemente que está por finalizar un memorando presidencial con el objetivo de bloquear las remesas enviadas por personas que viven en Estados Unidos ilegalmente, aunque el documento todavía no se ha publicado oficialmente.
El impacto de estas medidas lo sufrirían principalmente aquellas personas que necesitan recibir dinero del exterior para poder hacerles frente a los complejos contextos que se viven en sus localidades. Gutiérrez señalo que “esto va a causar un efecto contrario, si las familias ya no reciben el dinero suficiente para subsistir van a verse obligadas a seguir el camino de sus seres queridos que ya viven en Estados Unidos”.
Según datos del Banco Mundial, en 2024 los cinco países que más remesas recibieron fueron India, México, China, Filipinas y Paquistán. Ese mismo año, América Latina y el Caribe recibieron US$ 160.900 millones en remesas enviadas principalmente por migrantes desde Estados Unidos. El peso de las remesas es significativo en las economías de muchos países latinoamericanos.
La presidenta de México, Claudia Sheiabaum, calificó la iniciativa republicana como una “injusticia discriminatoria”. “A ver: ¿cómo van a gravar si ya pagan impuestos los mexicanos allá? (…) Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos, todos pagan impuestos. Incluso, hay estados que ya gravan las remesas”, declaró en una conferencia de prensa el miércoles.
“Las remesas son fruto del esfuerzo de quienes con su trabajo honesto fortalecen no sólo la economía mexicana sino también la de Estados Unidos”, agregó.
Un arma de doble filo
Los gravámenes a las remesas afectarían, por un lado, a las economías de los países receptores. El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, explicó en abril que “las economías van a tener que gestionar (la aplicación del impuesto), ya que se trata de un shock que perdurará en el tiempo” y que impactará directamente “sobre el consumo y la actividad económica”.
“La aprobación de un pequeño impuesto a las remesas así sea de solo el 5 % abre la puerta para que más adelante este gravamen suba aún más”, advirtió Gutiérrez, de la Coalición de los Derechos Plenos para los Inmigrantes (Chirla, por sis siglas en inglés).
También podría agravar significativamente la situación económica de los hogares más vulnerables y carenciados. Muchas de estas familias dependen casi por completo de ese ingreso para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y atención médica. La medida perjudicaría especialmente a quienes viven en zonas rurales y regiones con pocas oportunidades de empleo formal, donde las opciones de generar ingresos son escasas o inestables. Al tratarse de comunidades que ya enfrentan condiciones de marginación, este tipo de medidas podría profundizar aún más las brechas sociales y económicas existentes.
Sin embargo, Estados Unidos también sufriría el impacto de la medida. Aunque por un lado el Gobierno tendría más fondos por la recolección del impuesto, por otro lado se expone a recibir aún más inmigrantes.
Las remesas generan oportunidades en los países de origen, pero si los hogares ya no se pueden sostener con el dinero recibido y el contexto local no les permite acceder a puestos de trabajo o ingresos para subsistir, es altamente probable que también decidan migrar y unirse a los familiares que ya residen en Estados Unidos.
“Cualquier medida que reduzca las remesas tendrá un impacto negativo en el interés nacional de Estados Unidos”, le dijo Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, a AP. “Tendrá un impacto en el país”.
Además, complicaría la situación de los inmigrantes que están allí, quienes no solo padecen las persecuciones de las autoridades migratorias y los pedidos de deportación, sino que muchas veces deciden abandonar su país con el único objetivo de poder ayudar económicamente al resto de la familia que se queda.
“En lugar de mejorar el panorama de la inmigración indocumentada, estas propuestas lo van a empeorar. Estos legisladores republicanos no tienen en cuenta la raíz del problema, que en la mayoría de casos es la pobreza”, concluyó Gutiérrez de Chirla.
Con información de Lizbeth Padilla, de CNN en Español, y reportes de EFE y AP.