Esta semana, un tribunal francés declaró culpable a la figura de la extrema derecha Marine Le Pen de malversar millones de euros de fondos de la Unión Europea y le prohibió postularse a un cargo político durante cinco años, lo que la dejó fuera de la carrera presidencial de 2027 y enfureció a sus partidarios.
Tras la cancelación por parte de Rumania de la victoria en primera vuelta de un candidato de extrema derecha, el veredicto de Le Pen ha profundizado el debate transatlántico sobre si los tribunales corren el riesgo de privar del derecho al voto a los votantes al excluir a un político de la competencia electoral.
El caso de Le Pen se está convirtiendo en una prueba de Rorschach política. Los críticos dicen que la decisión del tribunal es otro ejemplo de cómo las élites progresistas utilizan el poder judicial como arma para impedir el al poder a sus rivales políticos. Sus partidarios afirman que la decisión demuestra que las instituciones funcionan como deberían, procesando a cualquier ciudadano culpable de un delito, independientemente de su afiliación política y de las posibles consecuencias.
Para el primer bando, la voluntad popular debe prevalecer. Para el segundo, la adhesión al Estado de derecho prevalece sobre las exigencias de los votantes.
Los dos casos han avivado la furia entre los nacionalistas de derecha europeos, Donald Trump y muchos de su istración, quienes consideran que el presidente de EE.UU. fue sometido a actos similares de “guerra legal” para intentar impedir su reelección. Es el primer delincuente convicto en llegar a la presidencia.
“La caza de brujas contra Marine Le Pen es otro ejemplo de cómo la izquierda europea utiliza la guerra legal para silenciar la libertad de expresión y censurar a su oponente político, llegando esta vez incluso a encarcelarlo”, escribió Trump el jueves en Truth Social.
“Cuando la izquierda radical no puede ganar mediante un voto democrático, abusa del sistema legal para encarcelar a sus oponentes”, escribió el multimillonario asesor de Trump, Elon Musk, en X tras el veredicto del lunes. “Esta es su estrategia habitual en todo el mundo”.
El vicepresidente J. D. Vance también ha señalado a Rumania como un ejemplo de lo que considera un retroceso democrático en Europa. Calin Georgescu ganó inesperadamente la primera vuelta de las elecciones presidenciales en noviembre, pero el Tribunal Constitucional rumano anuló las elecciones después de que los servicios de inteligencia sugirieran que Rusia había interferido para impulsar su campaña en TikTok, algo que él y Moscú negaron. Posteriormente, la oficina electoral prohibió a Georgescu participar en la repetición de las elecciones de mayo, después de que la fiscalía lo acusara de crear un grupo fascista y otros delitos.
En un discurso mordaz pronunciado en febrero en Munich, Vance dijo que las pruebas contra Georgescu eran “endebles” y reprendió a los principales líderes europeos por “presentarse con miedo” a sus votantes.
Aunque la intervención de Vance fue ampliamente condenada en Europa, mientras que Rumania fue elogiada por actuar contra la presunta interferencia extranjera, los estudiosos del progresismo han advertido de que quienes intentan defender la democracia pueden acabar cavando su tumba.
“Si facultamos a los tribunales para anular el resultado de las elecciones porque nos sorprende el ganador, estamos muy cerca de vivir en un sistema de gobierno cuyos árbitros últimos son los jueces, no las personas”, declaró el politólogo Yascha Mounk, profesor de la Universidad Johns Hopkins.
Le Pen fue condenada por malversación de fondos por utilizar fondos de la UE para pagar al personal político de su partido entre 2004 y 2016, alegando falsamente que trabajaban como asistentes de sus diputados al Parlamento Europeo. Su partido, Agrupación Nacional (RN, por sus siglas), recibió la orden de devolver los 4,1 millones de euros (US$ 4,4 millones) que el tribunal declaró haber malversado, así como 2 millones de euros en multas. Le Pen ha anunciado que apelará la sentencia.
Sin cuestionar el fondo del caso, Mounk dijo que este tipo de decisiones judiciales corre el riesgo de extralimitarse.
“En una democracia, la forma de derrotar a los extremistas… es en las urnas”, declaró Mounk a CNN. “Si los partidos mayoritarios no logran construir coaliciones duraderas, a largo plazo no podrán recurrir a una astuta maniobra institucional para eludir la voluntad popular”.
La gran inversión
Aunque este debate está profundamente arraigado y se remonta a siglos atrás, ambos bandos han cambiado recientemente de lado. Los conservadores suelen valorar las instituciones cívicas como un remanso de paz ancestral; los de izquierda han defendido los derechos universales, las libertades individuales y la vox populi.
Pero en los últimos años, esos puntos de partida filosóficos han cambiado, según Ben Ansell, profesor de instituciones democráticas comparadas en la Universidad de Oxford. Los progresistas de izquierda, antes escépticos ante el statu quo, se han convertido en firmes guardianes de las instituciones, mientras que los conservadores de derecha, antes defensores de la prudencia, están derribando barreras.
Este cambio de rumbo es particularmente marcado en Estados Unidos. Mike Lee, senador republicano de Utah, pasó años argumentando que Estados Unidos es una república, no una democracia, y que su sistema de pesos y contrapesos es más importante que la voluntad popular. “El poder no reside en las meras mayorías, sino en un poder cuidadosamente equilibrado”, escribió en 2020.
Ahora, tal vez influenciados por la victoria del voto popular de Trump –la primera de un candidato republicano en 20 años–, muchos conservadores estadounidenses parecen haber cambiado de postura, argumentando que Estados Unidos es más una democracia que una república.
Trump llevó este argumento al extremo cuando escribió en febrero, citando a Napoleón: “Quien salva a su país no viola ninguna ley”. Si un presidente electo es la voluntad del pueblo encarnada, ¿por qué deberían los tribunales limitar su prerrogativa?
No está claro cuán extendida está esta creencia en Estados Unidos, pero la historia de Europa podría hacer que su terreno sea menos fértil para tales ideas. En países como Alemania, España, Italia –y al otro lado del Telón de Acero que dividió al continente durante décadas– muchos ciudadanos guardan recuerdos viscerales de la vida bajo dictaduras y aceptan que las instituciones que tanto les costó conseguir son necesarias para prevenir abusos de poder.
Sin embargo, incluso aquí está arraigando un argumento populista: estas mismas instituciones han sido “capturadas” por las élites progresistas y ahora están abusando de su poder. Esta percepción podría convertir en mártires a quienes, como Le Pen y Georgescu, son penalizados por esas instituciones, advirtió Mounk. “En términos puramente políticos, creo que es más probable que fortalezca que debilite al partido RN de Le Pen”, afirmó.
Los aliados europeos de extrema derecha de Le Pen salieron inmediatamente en su defensa. “Je suis Marine”, declaró el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, en un mensaje de solidaridad. Matteo Salvini, viceprimer ministro italiano, dijo que quienes temen la voz de los votantes a menudo se consuelan con la sentencia de los tribunales. El Kremlin, que aprovecha cualquier oportunidad para presentar la democracia occidental como una farsa, dijo que la sentencia demostraba que Europa estaba “pisoteando las normas democráticas”.
¿Justicia de ‘dos niveles’?
A pesar del ruido y la aparente oleada de apoyo, Mujtaba Rahman, director general para Europa de la consultora de riesgo político Eurasia Group, dijo que es poco probable que esto sea un factor decisivo en Francia. Si bien la percepción de persecución política contra políticos como Le Pen “motivará” a la base de RN, no está claro si influirá en los votantes indecisos necesarios para ganar las elecciones, afirmó. RN también probablemente sufrirá si Jordan Bardella, el inexperto protegido de Le Pen, de 29 años, lidera el partido en las elecciones de 2027, añadió.
“Cualquier beneficio marginal que la extrema derecha pueda obtener de esta narrativa conspirativa más amplia se verá contrarrestado por el hecho de que Bardella como candidato es menos efectivo”, declaró Rahman a CNN.
Y la condena de Le Pen, quien durante mucho tiempo criticó duramente a los políticos que fueran pillados con las manos en la masa antes de que le ocurriera a ella, tiene precedentes. Antes de las elecciones sas de 2017, François Fillon, uno de los principales candidatos conservadores, fue declarado culpable de malversar fondos públicos para pagar a su esposa e hijos por trabajos que no habían realizado. Aunque no se le prohibió presentarse como candidato, el veredicto descarriló su campaña. Otros políticos ses, incluso de izquierdas, han visto frustradas sus ambiciones políticas por dificultades legales.
Ansell dijo que los populistas europeos podrían estar aprendiendo las lecciones equivocadas de la victoria de Trump. La capacidad del presidente para ganar la reelección, a pesar de su condena por sobornos en Nueva York y la montaña de otros recursos legales que enfrentó, podría sugerir erróneamente que ganó gracias a los intentos de enjuiciarlo, y no a pesar de ellos.
En un año en el que los votantes castigaron a los oficialistas en todas partes, la victoria de Trump en 2024 tuvo más que ver con que se enfrentó a un presidente impopular que gobernó una economía inflacionaria, dijo Ansell.
Una encuesta de opinión realizada para BFMTV, afiliada sa de CNN, reveló que el 57% de los encuestados cree que la condena de Le Pen fue una “decisión judicial normal”.
Que se le prohíba postularse a un cargo político “es perjudicial para ella, y es indignante que eso sea controvertido”, declaró Ansell a CNN.
Si bien existe el riesgo de que los tribunales sean percibidos como parciales, también existe el peligro de que corrijan excesivamente, dijo. Si los tribunales deciden no escuchar un caso contra un político por temor a la reacción pública, a pesar de que los fiscales creen tener pruebas suficientes de irregularidades, los institucionalistas temen que esto perjudique el Estado de derecho.
Y aunque los populistas de derecha a menudo afirman ser víctimas de un sistema judicial de “dos niveles”, esta afirmación podría ser válida en ambos sentidos si los tribunales se niegan sistemáticamente a procesar a los candidatos para evitar avivar la indignación.
Ansell advirtió de la adulación a los populistas que se hacen las víctimas, independientemente de los méritos de un caso, lo que pone en duda la integridad de las instituciones que intentan frenar las irregularidades.
“Hay una extraña doble vara aquí”, dijo. “Se supone que los populistas obtienen un beneficio adicional que los otros partidos no obtienen cuando sus líderes se ven envueltos en problemas”.