Una jueza federal de California ordenó el martes al Gobierno de Trump restablecer temporalmente la asistencia legal a decenas de miles de menores migrantes que se encuentran en Estados Unidos sin un padre ni tutor.
El 21 de marzo, el gobierno republicano rescindió un contrato con el Centro Acacia para la Justicia, que brinda servicios legales a migrantes no acompañados menores de 18 años a través de una red de grupos de asistencia legal subcontratados por el centro. Once grupos subcontratados presentaron una demanda, alegando que 26.000 menores corrían el riesgo de perder a sus abogados; Acacia no es uno de los demandantes.
Estos grupos argumentaron que el gobierno tiene la obligación —en virtud de una ley contra la trata de personas de 2008— de brindar asistencia legal a menores vulnerables.
La jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín, de San Francisco, ordenó una restricción temporal en la noche del martes. Escribió que los demandantes plantearon preguntas legítimas sobre si la istración había violado la ley de 2008, lo que justificaba el retorno al statu quo mientras el caso avanza. La orden entrará en vigor el miércoles y estará vigente hasta el 16 de abril.
“El Tribunal, además, considera que el financiamiento continuo de la representación legal para menores no acompañados promueve la eficiencia y la equidad dentro del sistema migratorio”, escribió.
Este es el tercer revés legal en menos de una semana para la ofensiva migratoria de la istración Trump, aunque todos podrían ser temporales mientras duren las demandas. El viernes, un juez federal en Boston dictaminó que las personas con órdenes de deportación definitivas deben tener una “oportunidad significativa” para argumentar en contra de ser enviadas a un país distinto al suyo. El lunes, otro juez federal en San Francisco suspendió los planes para poner fin a las protecciones para cientos de miles de venezolanos, incluyendo a 350.000 cuyo estatus legal expiraba el 7 de abril.
La Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008 creó protecciones especiales para los menores migrantes que no pueden desenvolverse por sí solos en un complejo sistema migratorio. Los demandantes afirmaron que algunos de sus clientes son demasiado jóvenes para hablar y otros están demasiado traumatizados y no saben inglés.
La ley exige que el gobierno garantice, en la mayor medida posible, que todos los menores que entren solos al país cuenten con asistencia legal que los represente en los procedimientos y que los proteja del maltrato, la explotación y la trata de personas.
Los demandados, entre los que se incluyen el Departamento de Salud y Servicios Humanos y su Oficina de Reubicación de Refugiados, afirmaron que los contribuyentes no tienen la obligación de pagar el costo de la asistencia legal de los menores migrantes en un momento en que el gobierno intenta recortar gastos. También afirmaron que los tribunales de distrito no tienen jurisdicción sobre la rescisión de un contrato que habría expirado a finales de marzo.
Acacia tiene un nuevo contrato con el Gobierno para brindar orientación legal, incluyendo clínicas de “conozca sus derechos”.
Sin embargo, los demandantes afirmaron que no solicitan la restitución del contrato. En cambio, quieren volver al statu quo, que consiste en contar con los US$ 5.000 millones que el Congreso asignó para que los niños tengan representación, declaró Karen Tumlin, del Centro de Acción por la Justicia, en una audiencia judicial el martes.
Añadió que la istración no puede simplemente eliminar los fondos sin proporcionar instrucciones sobre quién ayudará a estos niños.
“Deben asegurarse, en la mayor medida posible, que exista un plan”, afirmó.
Jonathan Ross, del Departamento de Justicia de EE.UU., indicó que el gobierno sigue financiando actividades legalmente obligatorias, como las clínicas de “conozca sus derechos”, y que las clínicas jurídicas pueden ofrecer sus servicios sin costo alguno.
“Siguen teniendo la libertad de prestar esos servicios pro bono”, afirmó.
La jueza Martínez-Olguín fue designada por Biden.